La Comisión de Expertos elabora el Libro Blanco, 700 páginas de recomendaciones tributarias para reafirmar el sistema tributario español.
El pasado jueves 3 de marzo de 2022, se entregó a la ministra de Hacienda y Función Pública, Dª María Jesús Montero, el denominado “Libro Blanco”, que recoge 700 páginas de recomendaciones en materia fiscal y tributaria, elaboradas por una Comisión de expertos de prestigio, presidida por D. Jesús Ruiz-Huerta, pertenecientes a la Administración Pública, empresas, despachos, así como la Universidad en el Congreso Fiscal de Lefebvre.
La comisión se constituyó el 12 de abril de 2021 y sus miembros han mantenido negociaciones a lo largo de diez meses para elaborar recomendaciones que persiguen una supuesta modernización en el sistema tributario y recaudatorio del Estado.
Recomendaciones de impuestos
Las recomendaciones más relevantes se centran en el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”), la supresión en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) de ciertas reducciones y deducciones, así como la inclusión de algunas nuevas. Asimismo, se recomienda por la comisión el mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“ISD”), y se hace especial hincapié en la nombrada “Fiscalidad Verde”, con la cual se persigue una equiparación fiscal del diésel a la gasolina, aumentar el impuesto de los carburantes, e imponer un impuesto sobre billetes de avión, generalizar los peajes, e imponer una tasa municipal sobre el tráfico.
Respecto a las propuestas que encabezan el IVA, se aconseja el mantenimiento del tipo impositivo del 21%, con la respectiva supresión de los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%). Otra alternativa, yace en el manteniendo de esas supresiones de tipos reducidos, pero rebajando el tipo impositivo general al 15%.
Además, se plantea la eliminación de las tres modalidades especiales del impuesto, que actualmente son: el régimen simplificado, el recargo de equivalencia y el de la agricultura, ganadería y pesca. También se plantea aumentar las tasas de gravamen de las bebidas alcohólicas, el tabaco e imponer un nuevo impuesto para los cigarrillos eléctricos.
Recomendaciones del IRPF
Respecto a las recomendaciones del IRPF se analiza pormenorizadamente la eliminación de reducciones supuestamente no justificadas, como es el caso de la reducción por el arrendamiento de viviendas o por tributación conjunta, además de evaluar si realmente existe justificación sobre la exención establecida para la indemnización en caso de despido o la enajenación de la vivienda habitual por la reinversión en otra vivienda.
Por el contrario, se recomienda la implementación de dos nuevas deducciones por hijos descendientes menores de 18 años o deducción por salarios bajos.
Como novedad, se aborda la cuestión de erradicar el tratamiento privilegiado en el IRPF sobre la exención total de las dietas y otras designaciones para gastos de viaje, que se abonan a los altos cargos del funcionariado como los diputados españoles del Parlamento europeo, los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)
Otro debate relevante que ha suscitado el Libro Blanco es la recomendación por la Comisión de expertos de mantener el IP y el ISD. El debate llega en el momento en que la Patronal de Fomento del Trabajo y el Instituto de Empresa Familiar, instan la supresión del Impuesto de Patrimonio, por ser un desincentivo a la inversión. Estos últimos alegan que la implementación del impuesto, representa una desventaja competitiva respecto a los demás estados de la Unión Europea (solo tres estados de la UE mantienen el IP).
Ante la desigualdad a que respecta la aplicación de ambos impuestos en el territorio económico español, siendo la Comunidad de Madrid un atractivo para las grandes fortunas, el Comité aboga por una concentración de las competencias normativas en el ámbito de los mínimos exentos, escalas de gravamen, deducciones y bonificaciones.
Esta propuesta perseguiría establecer un límite común de gravamen que afecte por igual a todas las comunidades autónomas, y una elevación al mínimo exento del IP, a partir del mínimo de un millón de euros, constatando así la intencionalidad de concentrar la tributación en la acumulación de riqueza. Los expertos recuerdan que actualmente, en España, existe una inmensa brecha entre los umbrales extremos de pobreza y riqueza, siendo este impuesto un posible paliativo ante esta desigualdad.
La comisión pretende mantener el límite conjunto IRPF-Impuesto del Patrimonio, y el carácter reducido de este último, así como mantener la progresividad del impuesto.
Adentrándonos al ISD, los expertos consideran mantener la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque planteando hasta un límite exento de la bonificación en la base imponible. Además, se aconseja la revisión de los requisitos para la aplicación de dicha reducción, y la consecución de una escala de gravamen moderada para los grupos I y II de parentesco.
Fiscalidad económica
El Libro Blanco incorpora un nuevo aspecto, denominado “Fiscalidad Económica” en el que se podría elevar especialmente la recaudación, y a la vez, según la Comisión, reducir el impacto medioambiental, al tratar cuestiones como la energía eléctrica, el transporte, la gestión de residuos y el suministro de agua.
Se trata de recomendaciones como la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, aumentar el impuesto de carburantes, imponer un impuesto sobre los billetes de avión que aumentaría los vuelos domésticos un 15% y los vuelos internacionales un 6,6%.
Se implementaría un impuesto sobre peajes para el uso de carreteras de alta capacidad, con el pago de 1 céntimo/kilómetro para vehículos ligeros y de 3 céntimos/kilometro para vehículos pesados.
Se establecería una tasa municipal sobre el tráfico para acceder a las ciudades y la rebaja de la fiscalidad aplicada al sector de la electricidad, suprimiendo el Impuesto sobre el valor de la Producción eléctrica, rebajando el Impuesto Especial sobre electricidad, actualmente en el límite legal.
