El director de la Cátedra de Empresa Familiar, Jordi de Juan, ha abanderado la lucha contra el Real Decreto-Ley 3/2016, y ha conseguido que la Audiencia Nacional plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestionando el uso del Real Decreto-Ley para legislar sobre un elemento central del Impuesto sobre Sociedades.
Una de las medidas introducidas por el Real Decreto-Ley, la limitación de la compensación fiscal de pérdidas, comportó miles de millones de euros en recaudación a favor de la Hacienda pública. Ahora, en caso de que el Tribunal Constitucional avale la posición marcada por el Dr. De Juan, como ya hizo con el Real Decreto-Ley 2/2016, comportaría un duro golpe a las arcas del Estado, que se enfrentaría a devoluciones millonarias.
El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ha sido el resultado de una investigación jurídica desarrollada por el Dr. De Juan. Los artículos “La impermeabilización del Impuesto sobre Sociedades al Decreto-Ley: la dudosa constitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre”, y “La controvertida utilización del decreto ley en materia tributaria”, publicados en Nueva Fiscalidad y en la Revista Española de Derecho Constitucional respectivamente, y realizados por el Dr. De Juan, han servido de cuerpo dogmático y científico para fundamentar jurídicamente la cuestión de inconstitucionalidad.
En este sentido, en el artículo publicado en la revista Nueva Fiscalidad, el Dr. De Juan ya concluyó que “la regulación de los elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades integra un ámbito material impenetrable por el Decreto-Ley”.
Ahora todo queda en manos del Tribunal Constitucional, quien deberá determinar si la norma transgrede los límites materiales del Real Decreto-Ley y, en su caso, infringe los principios de justicia tributaria. En todo caso, de acogerse el planteamiento del Dr. De Juan, la declaración de inconstitucionalidad tendría un gran impacto a escala nacional.
