La patronal catalana, Foment del Treball, ha anunciado recientemente su intención de abrir una nueva vía cuyo resultado pretendido es la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio, en su pugna por reducir la presión fiscal sobre los empresarios. Para ello, contará con la defensa técnica de Jordi de Juan, director de la Cátedra de Empresa Familiar, que ha sido el autor intelectual del mecanismo por el cual se pretende hacer valer la intención de la patronal.
El Dr. De Juan, que recientemente ha abanderado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional contra el Real Decreto-Ley 3/2016, busca hacer lo propio con esta figura impositiva que, como explicó en la rueda de prensa junto con Josep Sánchez Libre, presidente de Foment del Treball, y Manuel J. Silva, asesor legal de Foment, es inconstitucional por motivos de fondo y de forma. Asimismo, con este proyecto el Dr. De Juan pretende que el Tribunal Constitucional fije un límite a los ingresos del contribuyente a partir del cual sería inconstitucionalidad, como ya hizo el Tribunal Constitucional alemán.
Este proyecto pretende ser la culminación de un estudio dogmático realizado sobre la materia, destacando su obra en Quincena Fiscal titulada Decreto-ley e Impuesto sobre el Patrimonio: juicio crítico a la jurisprudencia contencioso-tributaria sobre el Decreto-ley 13/2011, en el que realiza un juicio crítico sobre la jurisprudencia constitucional para enjuiciar el ámbito material intangible por Decreto-ley.
Aunque, de plantearse la cuestión de inconstitucionalidad, el tiempo de respuesta es incierto, una estimación del mismo sería muy positiva para los empresarios familiares, quien en muchas ocasiones se ben obligados a satisfacer un tributo que amplía la presión fiscal de los contribuyentes y siendo, además, poco atractivo para la inversión, provocando muchas veces que los directivos huyan de los territorios en que todavía sigue aplicándose.
